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Del derecho universal al privilegio de pocas

La ONU (Organización de las Naciones Unidas), a través de un informe elaborado por el CESCR (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), pone de manifestó que los ajustes del Gobierno español (PP) vulneran algunos derechos humanos, incumpliendo de esta forma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Reforma Laboral (I, II y III) y las medidas de austeridad, las cuales aumentaron incluso tras la huelga general (ver), en Sanidad y Educación, así como los recortes en Violencia de Género (I y II) y Ayuda al Desarrollo (I y II), están afectando directamente a múltiples derechos humanos, especialmente de las clases más desfavorecidas: personas pobres, mujeres, niños, personas discapacitadas, personas desempleadas, personas mayores, personas de etnia gitana, personas migrantes y personas solicitantes de asilo.

El caso más flagarante es que, si bien existe una ley creada durante el Gobierno socialista para el acceso al aborto (Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de 2010), el actual Gobierno (PP) ya ha manifestado reiteradamente la voluntad de recuperar la anterior ley y la posibilidad de excluir de los servicios de la sanidad pública el aborto voluntario.

Estas medidas ponen en entredicho el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, estratificando por clases sociales y lugar de residencia un derecho, convirtiéndolo en un privilegio para pocas en lugar de un derecho para todas.

En el informe de la ONU también se recomienda al Gobierno español (PP) un seguido de medidas para paliar esta vulneración de derechos humanos:

  • Adopción de un proceso que garantice el acceso equitativo a la interrupción del embarazo.
  • Abolición de la discriminación hacia personas migrantes, personas de etnia gitana y personas con alguna discapacidad, sugiriendo la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que no pudo aprobarse durante el anterior Gobierno.
  • Garantizar la universalidad de la atención sanitaria, sin limitar los servicios de salud a las personas por su situación de legalidad.
  • Aumentar la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) para no incrementar, más, la brecha de desarrollo a nivel global.
  • Asegurar una inversión suficiente y sostenida en educación que garantice el acceso a todas las niñas y niños, aboliendo las medidas regresivas adoptadas (PP) que pueden provocar el impedimento de  los grupos desfavorecidos al acceso a la educación.
  • Proteger los derechos laborales de los trabajadores.
  • Facultar la dación de la vivienda en pago y aumentar la oferta de vivienda social.

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